Diferentes sectores de la sociedad panameña insisten en la necesidad de revisar la ley de contrataciones públicas que rige en el país y que permite la figura de la contratación directa, ampliamente criticada por su vinculación con parte de los más de 170 casos por corrupción en el gobierno pasado que actualmente investiga el Ministerio Público.
Tan sólo la semana pasada, el Ministerio de Obras Públicas avaló seis contrataciones directas por 6 millones de dólares en menos de 72 horas.
La adjudicación en licitación pública de la construcción de la línea dos del Metro de Panamá por alrededor de mil 800 millones de dólares a la misma empresa de la primera fase del proyecto, también ha llamado la atención sobre la necesidad de cambiar la norma de adjudicación de proyectos del Estado e incluso críticas de parte del gobierno, encabezadas por la vicepresidenta y canciller, Isabel Saint Malo.
El presidente Juan Carlos Varela también ha cuestionado ampliamente el papel de las contrataciones directas en los delitos vinculados a exfuncionarios del Gobierno de Ricardo Martinelli, no obstante, hasta el momento su administración no ha planteado un plan concreto para eliminar esa figura.
Sara Morales Gallego, Panamá
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