“Principalmente, la emisión de un fallo contra un país extranjero va en contra del principio de igualdad de Estados y viola su inmunidad, según el derecho internacional”, aseguró el martes el portavoz de la Cancillería de Irán, Bahram Qasemi.
El Ministerio de Exteriores de Irán de este modo reaccionó a una medida punitiva del Tribunal de Apelación de Ontario contra Irán, en la que exige a Teherán el pago de unos 1,7 mil millones de dólares a las víctimas de un ataque contra militares estadounidenses.
La corte canadiense acusa a Irán de estar implicado en un ataque contra una base de las Fuerzas Navales de EE.UU. en Beirut (capital de El Líbano) en 1983 que dejó 241 militares muertos, y defiende que su dictamen se basa en la necesidad de actuar en el marco de la Ley de Justicia para las Víctimas del Terrorismo (JVTA, por sus siglas en inglés).
Qasemi enfatizó que “Irán se reserva el derecho a oponerse a la sentencia” de la corte de Ontario y señaló al Gobierno de Canadá como “directamente responsable de cualquier posible daño material o espiritual (causado) por las medidas adoptadas por las distintas instituciones gubernamentales en contra el derecho internacional”.
Principalmente, la emisión de un fallo contra un país extranjero va en contra del principio de igualdad de Estados y viola su inmunidad, según el derecho internacional”, afirma el portavoz de la Cancillería de Irán, Bahram Qasemi.
Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Ontario ordenó en junio de 2016 compensar, con 13 millones de dólares en activos no diplomáticos de Irán congelados en Canadá, a los familiares de los militares estadounidenses muertos en el atentado de Beirut.
En aquel entonces, la corte canadiense declaró a Teherán “responsable del financiamiento y entrenamiento” de miembros del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), a los que acusó de estar detrás de estos atentados entre 1983 y 2002.
Entre tanto, la República Islámica de Irán ha rechazado en numerosas ocasiones toda implicación en tales atentados.
A finales de junio y bajo las mismas acusaciones, un jurado de Nueva York decidió que el Gobierno de EE.UU. está autorizado a confiscar un edificio de propiedad iraní ubicado en Manhattan.
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