Las protestas y los disturbios se multiplican en Perú, pero la presidenta designada, Dina Boluarte, opta por mirar al otro lado. “Sus protestas son cosas que ustedes saben que están al margen de la ley”, espetó el jueves a la multitud iracunda, es más, acusó a los manifestantes de intentar “quebrar el Estado de derecho, generar caos y desorden, para tomar el poder de la nación”.
Lima fue el punto de quiebre, cuando desde todos los rincones del país confluyeron el mismo jueves en la capital comunidades indígenas, trabajadores, grupos de activistas, amas de casa, que se encontraron con la contención de las fuerzas del orden que se mantienen blindando las calles.
Aun cuando los medios nacionales e internacionales siguen en tiempo real los acontecimientos en el país suramericano, Boluarte se dio a la tarea de aclarar ciertos puntos.
“Quiero desmentir las noticias falsas (...) el Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”, dijo en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de Lima, acompañada de ciertos ministros.
Boluarte desmintió que la inestabilidad y la violencia estuvieran engullendo Perú. “Están equivocados, desde el Gobierno le decimos al pueblo peruano: la situación está controlada y estará controlada”, puntualizó.
Boluarte amenaza a su pueblo “con todo el peso de la ley”
La presidenta interina avisó que las autoridades conocen que hay “señores no van a cesar en su propósito de quebrar el Estado de derecho”, por lo que están “individualizando a estos malos ciudadanos que están generando actos de violencia” y arremeterán contra ese segmento “con todo el peso de la ley”. Según ella, intentos de la toma de tres aeropuertos del país el jueves fue un acto “preparado con premeditación, con suma anticipación”.
“Reitero que todo el rigor de la ley caerá sobre las personas que están cometiendo estos actos delincuenciales de vandalismo que no vamos a permitir”, enfatizó.
Para Boluarte, ninguna agenda social se persigue con las protestas, que, en su opinión, no son ni pacíficas, ni mayúsculas.
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En medio de la convulsa situación, elogió el “inmaculado” accionar de la Policía Nacional en Lima. También agradeció a la Fiscalía de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la prensa.
Sin embargo, la presidenta y varios de sus ministros están siendo investigados por la Fiscalía del país por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos en el contexto de las protestas en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está indagando las manifestaciones y la respuesta policial en Perú. Hasta el momento, las protestas han dejado 53 muertos y más de 600 heridos por distintas causas.
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El estallido social en Perú comenzó el 7 de diciembre pasado, cuando Boluarte asumió el cargo de presidente por sucesión constitucional tras Pedro Castillo (2021-2022) y, luego de una tregua navideña, volvieron a cobrar fuerza a partir del 4 de enero, sobre todo en el sur.
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