El paro ha sido convocado por los principales sindicatos griegos para mostrar su rechazo a las medidas de austeridad, en especial contra la reforma del sistema de las pensiones, que prevé recortes de las prestaciones y subidas de las cotizaciones.
Entre las organizaciones y grupos participantes se encuentran la Confederación de Funcionarios Públicos (ADEDY) del sector público, la Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE) del sector privado y el Frente Militante de Todos los Trabajadores (PAME).
Se trata de la segunda huelga general de 24 horas convocadas en tres semanas contra la Administración del primer ministro, Alexis Tsipras. El primero se llevó a cabo el pasado 12 de noviembre.
Sin embargo, el presidente en funciones de ADEDY, Stavros Kutsiumbelis, ha afirmado que la participación ha sido menor que en la huelga de noviembre, según la agencia de noticias española EFE.
La Policía ha estimado que asistieron unas 15.000 personas en la marcha, unas 5000 menos que la vez anterior.
De acuerdo con los medios locales, el ambiente en la capital griega durante la jornada ha sido de relativa normalidad ya que casi todas las tiendas y los puestos del mercado central han abierto y tan solo algunos establecimientos permanecieron cerrados durante el paso de la manifestación.
El Parlamento griego aprobó el pasado 19 de noviembre el nuevo paquete de reformas de la nueva legislatura de Tsipras, un paso necesario para poder recibir un tramo de 2000 millones de euros del tercer rescate, destinados a necesidades presupuestarias y vencimientos de deuda, y hasta 10.000 millones de euros para recapitalizar la banca helena.
Estas reformas aprobadas contemplan un drástico plan de austeridad, así como cambios en la ley de jubilación, entre ellos, el aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años como regla general y hasta los 62 años para todas las personas que hayan trabajado 40 años. Todo ello a cambio de la ayuda financiera de la zona euro.
La iniciativa de ofrecer un tercer programa de rescate a Grecia fue presentada, en julio de 2015, por los acreedores de Grecia— la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), y la Unión Europea (UE)—, y también fue aprobada en agosto por el Parlamento heleno.
Grecia, desde el comienzo de su crisis económica en 2009, había recibido dos rescates financieros anteriores por un valor total de 240.000 millones de euros con el fin de paliar su situación económica y responder a sus compromisos ante las instituciones financieras internacionales.
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