Pese a nuevas disposiciones de comunicación del Gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador, activistas, periodistas y organizaciones civiles exigen la abrogación de la actual ley general de comunicación social, para acabar con los vicios de la publicidad oficial e impulsa un cambio real en la relación entre los medios y el Gobierno.
No obstante, según denuncian los activistas por una nueva ley, no se han establecido topes presupuestarios en los lineamientos generales para el registro de programas de comunicación, promoción y publicidad de dependencias y entidades públicas federales, para el ejercicio fiscal 2019 publicado en enero pasado.
De acuerdo a lo anunciado por nuevo Gobierno, para el 2019 la oficina de comunicación social tendrá un tope de 5800 millones de pesos, para 300 campañas programadas, y cuyo gasto será transparentado en portales en línea.
En la actualidad, alrededor del 50 % del gasto en publicidad oficial se concentra en 10 medios de comunicación, en tanto que la nueva política proscribe la concentración del 25 % del gasto en un solo medio, aunque con espacio para excepciones.
Sara Morales Gallego, Ciudad de México.
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