El Gobierno de México abrió 90 años de expedientes sobre casos con relación a persecuciones políticas y violaciones a derechos humanos vinculadas con movimientos políticos y sociales, y actos de corrupción, custodiados por las extintas Dirección Federal de Seguridad y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. En una primera etapa podrán ser consultados los documentos, de 1985 para atrás, clasificados como confidenciales y de seguridad nacional del Archivo General de la Nación.
Quienes fueron afectados hace más de 34 años, por la persecución y represión tienen derecho a presentar denuncias y a exigir indemnizaciones al Estado, conforme a las leyes existentes. En tanto que quienes están siendo perseguidos actualmente por su labor activista y defensa de derechos humanos, luchan por una ley general que los proteja y repare a todos.
La medida se da gracias a una nueva disposición federal, por la que todas las dependencias y entidades de la Administración pública federal deberán transferir al Archivo General de la Nación, la totalidad de los documentos históricos que tengan, y que estén relacionados con persecuciones políticas, violaciones a derechos humanos, y actos de corrupción. En un plazo de 180 días, desde la publicación del decreto ejecutivo.
La información será digitalizada, y su requerimiento será de conformidad al procedimiento que establezca el Archivo General de la Nación, a partir de su publicación en gaceta oficial el pasado 28 de febrero.
Sara Morales Gallego, Ciudad de México.
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