La denuncia, presentada por el grupo noruego Abuelas Contra el Genocidio (GRAG) y el Comité Palestino de Noruega, apunta al primer ministro Jonas Gahr Store, el ministro de Finanzas Jens Stoltenberg (exsecretario general de la OTAN), la ministra de Exteriores Espen Barth Eide y otros.
El documento señala que los responsables del fondo soberano noruego—Fondo Global de Pensiones del Gobierno (GPFG)— violaron leyes que incorporan el Estatuto de Roma contra el genocidio.
El fondo, con un patrimonio de 2,2 billones de dólares, mantiene inversiones en empresas armamentísticas como Leonardo y ThyssenKrupp, que suministran armas a Israel, responsable de más de 72000 muertes de palestinos en la Franja de Gaza desde octubre de 2023.
Aunque se desinvirtió en 35 empresas israelíes en 2025, aún mantiene participaciones en 29 y sigue invirtiendo en multinacionales que abastecen al ejército israelí.
La Fiscalía noruega ha recomendado formalmente a Kripos (policía criminal) investigar la denuncia, revocando una decisión anterior de desestimarla.
En abril del 2025, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, advirtió que el fondo soberano de Noruega invierte en empresas armamentísticas israelíes y es una “importante fuente europea de inversión para la ocupación en curso de Israel”.
Albanese también advirtió del riesgo de complicidad con las violaciones del derecho internacional. El ministro de Finanzas noruego, Jens Stoltenberg (exsecretario general de la OTAN), rechazó las acusaciones de Albanese, pero muchas ONG noruegas han intensificado sus campañas de presión para denunciar esta situación.
Los denunciantes afirman que los políticos son responsables de diseñar el sistema de inversiones y que mantener estas inversiones equivale a “aceptar atrocidades masivas”.
Un informe académico de 118 páginas documenta las inversiones en empresas implicadas en crímenes de guerra.
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