“(Se emprenderán) medidas y acciones legales para defender los derechos políticos y la autonomía del Govern”, ha advertido este domingo el diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Albert Batet, arremetiendo contra la tentativa del Gobierno de Rajoy por impedir la toma de posesión de los nuevos consejeros del Govern.
Batet ha repudiado, de este modo, el pacto de Rajoy con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para mantener en vigor la aplicación del artículo 155 de la Constitución de España.
El artículo 155 solo dejará de tener vigencia cuando se forme un nuevo gobierno autonómico y su composición se publique en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, que está bajo la autoridad del Gobierno central.
(Se emprenderán) medidas y acciones legales para defender los derechos políticos y la autonomía del Govern”, advierte el diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Albert Batet, arremetiendo contra la tentativa del Gobierno de Rajoy por impedir la toma de posesión de los nuevos consejeros del Govern.
Así que Rajoy, el también líder del Partido Popular (PP), busca evitar que sea publicado en el Diario Oficial de la Generalitat el decreto firmado por el recién elegido presidente de la misma, Joaquim 'Quim' Torra, que nombró el sábado a dos políticos en prisión preventiva y a otros dos huidos en el extranjero como consejeros del nuevo Govern.
Por su parte, la coordinadora general del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), Marta Pascal, ha acusado a Rajoy, Sánchez y Rivera de “despreciar las leyes, ignorar la democracia y humillar la voluntad mayoritaria de los catalanes”.
A JxCat y PDeCAT se suman Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, por sus siglas en catalán) y las Candidaturas de Unidad Popular (CUP), que han adoptado la misma postura hacia el referido pacto de Rajoy.
A su vez, Jordi Turull, exportavoz de la Presidencia regional, y Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat —los dos encarcelados por el Gobierno español por cargos de rebelión y malversación de dinero público para la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017—, han defendido ante la medida de Rajoy sus “derechos políticos intactos” para ejercer el cargo con “plenitud” y en “libertad”.
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