Torrente denunció el viernes que la medida cuestiona el derecho de voto de los catalanes y se interpreta como un ataque al resultado electoral ya que la propuesta de Puigdemont como candidato se debe a la mayoría parlamentaria salida de las elecciones del pasado 21 de diciembre.
“El Gobierno español no está impugnando la decisión de un Parlament, de un presidente del Parlament, sino que está impugnando el voto de millones de personas, la voluntad de los diputados y el funcionamiento del sistema democrático”, denunció en una rueda de prensa.
De este modo, enfatizó que el destituido presidente catalán cuenta con todas las condiciones legales para postularse y recordó cuando Puigdemont fue candidato a las elecciones y nadie puso en duda su capacitación. “Utilizan los tribunales para ganar aquello que no ganaron en las urnas el 21 de diciembre”, agregó.
El Gobierno español no está impugnando la decisión de un Parlament, de un presidente del Parlament, sino que está impugnando el voto de millones de personas, la voluntad de los diputados y el funcionamiento del sistema democrático”, denunció Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán.
El presidente del Parlamento autonómico mencionó un viaje que hizo el miércoles hasta Bruselas (capital belga) para reunirse con el expresidente y confirmó que Puigdemont aceptó ser candidato de la fuerza independentista más votada en las pasadas elecciones del 21 de diciembre, Junts per Catalunya (JxCat).
Los partidos independentistas barajan la posibilidad de investir al líder independentista de manera telemática o haciendo uso de votos delegados para evitar que sea detenido, si se desplaza a España, motivo por el cual se encuentra en Bélgica.
El Gobierno del presidente Mariano Rajoy sigue adelante con su plan de impugnar ante el TC la candidatura de Puigdemont. Curiosamente, el Tribunal Supremo (TS) español dictó el jueves la orden de examinar y analizar los correos electrónicos del líder independentista catalán y otras 30 personas vinculadas con el proceso de la independencia de Cataluña desde abril de 2016 hasta el 27 de octubre de 2017.
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