Durante los últimos días de agosto la consultora ARES (Armament Reserach Services) publicó su informe número 6 en el que se recoge la presencia en Yemen de lanza cohetes C-90CR y granadas de mano producidas por la empresa española Instalaza, donde el actual ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, fue consejero hasta marzo de 2009.
Debido a esto, el portavoz adjunto y diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, pidió explicaciones en el Congreso al Gobierno por la venta de estas armas a Arabia Saudí, que según subraya, “han sido utilizadas en el conflicto militar de Yemen”.
Según el diputado, la venta de armas a Arabia Saudí contravendría una resolución de la ONU de abril de 2015 que a raíz de la agresión saudí a Yemen decretó un embargo por parte de todos los estados miembros con el fin de evitar que, directa o indirectamente, pudiera llegar armamento a las partes enfrentadas.
Basándose en datos oficiales, Rufián expuso que desde 2011 y hasta el primer semestre de 2015 el gobierno de España ha vendido armas a Arabia Saudí por valor de 1100 millones de euros y, cuando Arabia Saudí ya había comenzado su intervención militar en Yemen, autorizó la venta de material bélico, valorado en 27 millones de euros.
ERC pide que el Gobierno español explique cómo puede asegurar que las armas vendidas a Arabia Saudí no serán utilizadas contra la población civil.
Además, si se plantea detener la exportación de armas y material de doble uso al país árabe y si considera que se está cumpliendo la ley sobre comercio exterior de material de defensa.
La ofensiva militar contra Yemen fue lanzada por Arabia Saudí en marzo de 2015, en un intento por eliminar de la ecuación al movimiento popular yemení Ansarolá y restaurar en el poder al expresidente fugitivo Abdu Rabu Mansur Hadi, un estrecho aliado de Riad. Una agresión militar que, conforme a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya ha dejado al menos 10 mil muertos.
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