Una coalición de cuatro grupos defensores de derechos humanos británicos Fawcett Society, Pregnant Then Screwed, Equality Trust, Women's Budget Group, así como el Congreso de Sindicatos Británicos (TUC, por sus siglas en inglés) expresaron el lunes su oposición a las regulaciones gubernamentales para crear una nueva ley sobre los servicios mínimos durante las huelgas.
En una carta dirigida a la ministra de Igualdad, Kemi Badenoch, la coalición declaró que los servicios públicos con una fuerza laboral predominantemente femenina tendrían sus derechos y responsabilidades civiles libertades destrozadas por el proyecto de ley.
La misiva precisa que esta legislación draconiana significará que cuando los trabajadores voten “democrática y legalmente” para hacer huelga en una variedad de sectores, incluidos la salud y la educación, que tienen una fuerza laboral predominantemente femenina, pueden ser obligados a trabajar y despedidos si no cumplen.
Los grupos de derechos dicen que los servicios en todo el país se verán seriamente afectados, ya que el 75 % de la fuerza laboral docente es de mujeres, mientras que el 89 % del personal de apoyo son trabajadoras. En el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), el 77 % de la fuerza laboral son mujeres y el 82 % son mujeres en atención social.
“En un mercado laboral ya desafiante y plagado de discriminación, lo último que necesitan las mujeres trabajadoras es que las amenacen con el despido por ejercer su derecho democrático a la huelga y por tratar de defender su salario y sus condiciones de trabajo, especialmente en una crisis del costo de vida”, agregó la nota.
A principios del mes pasado, el Partido Laborista también advirtió contra el plan y la líder laborista adjunta, Angela Rayner, dijo que los miembros del Partido Conservador “están quemando las libertades por las que luchamos durante siglos”.
El Reino Unido ha estado lidiando con su mayor ola de huelgas durante décadas, con los manipuladores de equipaje del aeropuerto, el personal fronterizo, empleados de 150 universidades, los instructores de manejo, los conductores de autobuses y los trabajadores de correos que abandonan sus trabajos para exigir salarios más altos, para poder hacer frente a la inflación galopante y al empeoramiento crisis del costo de vida.
mmo/rba
