Por Alberto García Watson
Presentada como una “afirmación inquebrantable de la soberanía nacional”, la presencia de la Corona busca alimentar una épica patricia que oculta tras la pompa constitucional una trayectoria histórica de condescendencia, cálculo dinástico y abandono territorial.
Para entender el valor real del compromiso monárquico con las fronteras del Estado, la memoria diplomática ofrece un catálogo incontestable de cesiones. En el otoño de 1975, mientras el dictador agonizaba y Marruecos lanzaba la Marcha Verde, el príncipe Juan Carlos asumía la jefatura del Estado en funciones. Cables desclasificados de la CIA confirmaron cómo el futuro monarca entabló contactos secretos con Henry Kissinger y el rey Hasán II. Su prioridad no era garantizar los derechos de la población saharaui ni defender la Provincia 53, sino comprar el respaldo geopolítico de Estados Unidos para blindar su inminente coronación y evitar un conflicto militar que pusiera en riesgo el trono. El saldo fue la infamia de los Acuerdos de Madrid y el abandono del Sáhara Occidental.
Cuatro años después, ya con la corona ceñida, la lógica transaccional volvió a aflorar. Documentos del Departamento de Estado estadounidense desclasificados en 2014 revelaron que, el 30 de abril de 1979, Juan Carlos I trasladó al enviado especial estadounidense Edmund Muskie su disposición a entregar Melilla a Marruecos a corto plazo. Argumentó con frío utilitarismo que allí «solo vivían unos 10 000 españoles» y que la marejada dentro del Ejército «duraría solo dos meses». Sobre Ceuta, al albergar a 60 000 ciudadanos españoles, planteó una soberanía compartida bajo un protectorado internacional inspirado en el estatus de Tánger.
El Rey como altavoz de la agenda reaccionaria
Con esta genealogía de traición diplomática como telón de fondo, las recientes intervenciones de Felipe VI cobran una gravedad inusitada. Lejos de actuar como un mediador neutral, el monarca ha roto de forma deliberada el encaje constitucional para alinearse plenamente con los marcos discursivos de Vox y el Partido Popular. Al proclamar que hay que actuar “sin medias tintas” y exigir la devolución inmediata de los migrantes, la Zarzuela asume sin ambages la retórica del “enemigo exterior” y la criminalización de los desplazamientos humanos.
Esta toma de postura no es un despiste protocolario; es una toma de partido consciente. Cuando la crisis migratoria golpeó Ceuta con más fuerza, la respuesta real fue la indiferencia operativa, prolongando el descanso estival en Mallorca sin alterar la agenda borbónica. Sin embargo, al intervenir públicamente, la Corona no ha dudado en colocarse la camiseta de la extrema derecha, legitimando el discurso de las devoluciones en caliente y utilizando el sufrimiento en la frontera como combustible para el reagrupamiento reaccionario.
Guerra híbrida, complicidad imperial y desestabilización
El escenario en la frontera sur no se explica sin atender a las dinámicas de una guerra híbrida multidimensional dirigida desde Rabat. Tal y como ha revelado la prensa, en los días de mayor presión migratoria en Ceuta, la propia fragata Mohamed VI, buque insignia de la Marina Real marroquí, incursionó sin autorización en aguas territoriales españolas mientras mantenía sospechosas comunicaciones por radio con pesqueros de la zona. Este tipo de maniobras militares y el uso instrumentalizado de las personas vulnerables en las vallas son herramientas de chantaje geopolítico destinadas a erosionar la soberanía del Estado.
Esta ofensiva marroquí cuenta con la dirección intelectual y el respaldo estratégico de Estados Unidos e Israel. El eje Washington-Tel Aviv-Rabat no perdona la incómoda posición internacional del Ejecutivo español al denunciar abiertamente el genocidio palestino y condenar las intervenciones militares en Asia Occidental. La tibieza con la que el Gobierno central ha intentado quitar hierro a las incursiones navales aludiendo a los “canales fluidos” contrasta con la agresividad de un régimen marroquí que se sabe protegido por las grandes potencias imperialistas.
Pretender que la monarquía borbónica actúa como el escudo garante ante este complejo entramado geopolítico es ignorar la historia y el presente. Quienes hoy jalean las proclamas reales en Ceuta olvidan que, cuando la Casa Real ha necesitado un salvoconducto para afianzar su poder dinástico, las fronteras, los mapas y los derechos de los pueblos han sido siempre la primera moneda de cambio sobre la mesa de negociación.
