Tras la muerte de Alex Pretti —este sábado— y de Renée Good --el pasado 7 de enero a manos de oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), respectivamente, la directora de la ONG Human Rights Watch (HRW) para crisis, conflictos y armas, Ida Sawyer, ha denunciado que “el tiroteo mortal de otro residente de Mineápolis por parte de agentes federales se produce tras semanas de violentas y abusivas medidas de control migratorio en toda la ciudad”.
En ese contexto, la representante de la ONG ha reprochado las “continuas acciones sin control de estas agencias”, que —dijo— “están poniendo en peligro a los residentes, con consecuencias devastadoras”, y advirtió de que sus “patrones de abuso a nivel revelan una fuerza de seguridad peligrosa y en expansión que opera con impunidad”.
Sawyer también ha urgido a que, independientemente de las medidas que pueda adoptar el Congreso, estas agencias detengan sus operaciones a gran escala en Mineápolis y se abstengan de iniciar iniciativas similares en otras localidades.
Asimismo, ha destacado la necesidad de adoptar “medidas urgentes” y, en particular, una mayor supervisión legislativa para “proteger a las comunidades estadounidenses de la violencia, la discriminación y las detenciones ilegales, y garantizar que se respeten sus derechos a la libertad de expresión y de reunión”.
La representante de la ONG ha recordado que el Congreso tiene autoridad para “condicionar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a la aplicación de garantías mínimas que protejan contra el uso excesivo de la fuerza, otras violaciones de derechos y la impunidad”.
De esta manera, ha instado a la cámara legislativa a celebrar “audiencias de supervisión para investigar la conducta” del DHS, incluyendo los abusos y asesinatos cometidos bajo su responsabilidad.
Sawyer ha agregado que “el Congreso debería considerar suspender la financiación de las operaciones de control migratorio hasta que se complete dicha investigación”, y también apoyar la reconstitución de las oficinas de supervisión interna y la dotación de personal que, según denunció, la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, debilitó.
La directora ha recordado que el Derecho Internacional establece que “los agentes del orden solo deben recurrir intencionadamente al uso de la fuerza letal como último recurso, cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida”.
“Las normas internacionales de Derechos Humanos también exigen una investigación rápida, eficaz, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente de cualquier muerte que pueda ser ilegal”, ha defendido.
En las secuelas de dos tiroteos mortales en Mineápolis, en los que las pruebas en video sugieren que agentes federales incumplieron los protocolos, la impresión creciente entre expertos legales, muchos legisladores y gran parte del público es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza están operando de manera temeraria y muy fuera de las normas de las fuerzas del orden.
Durante el despliegue de miles de agentes federales en el estado de Minnesota para una amplia ofensiva migratoria, agentes federales dispararon y mataron a Renee Good y a Alex Pretti. En ambos casos, la Administración Trump ha seguido un patrón de difamar a la víctima, tergiversar los hechos y negarse a cooperar con los investigadores locales.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunciaron el lunes que tras una conversación con Trump, se acordó que “algunos” agentes federales comenzarán a abandonar la ciudad la mañana del martes, en respuesta a las crecientes protestas ciudadanas por las redadas migratorias que han generado fuerte rechazo y tensiones públicas, incluida la detención de un niño de cinco años durante las operaciones.
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