“Nos oponemos firmemente a esta y a cualquier otra acción que busque apuntar a Israel injustamente”, ha escrito este sábado el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en la red social Twitter.
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció el viernes que ve “bases suficientes” para abrir una investigación completa por posibles “crímenes de guerra” del régimen de Israel en la Palestina ocupada, refiriéndose a los territorios de Cisjordania, Jerusalén Este (Al-Quds) y la Franja de Gaza.
Pompeo objeta al respecto que, dado que Palestina no califica como “un estado soberano”, no puede obtener la membresía plena o participar en organizaciones o entidades internacionales, incluida la CPI.
Además, tras indicar que Israel no es parte de la CPI, repite que la medida de este organismo no va dirigida a la paz, pues, en su opinión, “el camino hacia una paz duradera es a través de negociaciones directas” entre israelíes y palestinos.
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Today, the #ICC prosecutor raised serious questions about the ICC’s jurisdiction to investigate #Israel. Israel is not a state party to the ICC. We firmly oppose this unjustified inquiry that unfairly targets Israel. The path to lasting peace is through direct negotiations.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 21, 2019
El premier israelí, Benjamín Netanyahu, a su vez, condenó el anuncio del Bensouda tachándolo de “escandaloso e infundado”. “La CPI se ha convertido en un arma política contra Israel y nuestra conexión con nuestra patria”, lamenta.
Además, acusó a Bensouda de “ignorar por completo” los argumentos legales de Israel y de ignorar que “la CPI no tiene jurisdicción en este caso”, porque solo puede actuar conforme a peticiones realizadas por estados soberanos, pero “nunca ha existido un Estado palestino”.
Las autoridades palestinas, no obstante, felicitaron la decisión de la CPI, señalando que se trata de una medida largamente esperada, es decir, que se abra una investigación tras casi “cinco años largos y difíciles de examen preliminar”.
En los últimos años, el régimen de Tel Aviv ha cometido atrocidades en los territorios ocupados con el apoyo de Washington: miles de palestinos han muerto o resultado heridos en dicho periodo.
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La CPI comenzó el examen preliminar de los crímenes israelíes en 2015, después de que Palestina firmara el Estatuto de Roma y aceptara formalmente la jurisdicción de este tribunal sobre su territorio.
Los palestinos han presentado demandas contra Israel ante la CPI para que dicho régimen sea juzgado y pague por los crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos contra los palestinos en los territorios ocupados, también por apropiarse ilegalmente de sus tierras, demoler sus casas y por practicar polémicas e ilegales detenciones arbitrarias.
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