El tribunal halló que las fotografías y vídeos “podrían, de manera lógica y plausible, dañar la seguridad nacional, ya que estas imágenes son susceptibles en modo único de que las usen extremistas antiestadounidenses como propaganda para incitar a la violencia contra los intereses de Estados Unidos dentro o fuera de sus fronteras”.
Los antiguos cautivos son el ciudadano sirio Abdul Rahim Abdul Razaq al-Yanko, preso en Guantánamo de 2002 a 2009, y el saudí Mohamad al-Qahtani, quien permanece aún en la prisión desde 2002.
Al-Yanko reclama ser resarcido por los daños que le han causado las torturas y humillaciones sufridas durante esos siete años, pero en enero de 2014 el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia sentenció que Al-Yanko era un “combatiente enemigo”, y por lo tanto no tenía derecho a ser indemnizado.
Esa sentencia contrastaba, sin embargo, con la del tribunal federal que en 2009 mandó liberarlo por haber sido detenido indebidamente. Antes de ser apresado por los estadounidenses, Al-Yanko fue prisionero durante varios meses de los talibanes, que lo acusaban de ser espía del régimen israelí, de Estados Unidos y de Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros delitos graves.
En su denuncia, el expreso sirio señala 17 intentos de suicidio tras ser mantenido en aislamiento durante años en Guantánamo, “sometido a técnicas diseñadas a conciencia para quebrarlo física y psicológicamente”.
Entre éstas y además de la absoluta soledad impuesta, Al-Yanko menciona prolongadas privaciones de sueño, fuertes palizas, amenazas a él y a su familia, insultos de índole sexual a las mujeres de su familia, privación de los cuidados médicos y psicológicos que requería, y continuas humillaciones y acoso.
En el caso de Al-Qahtani, el Supremo estadounidense ha dado la razón a la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) y rechazado la reclamación del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), colectivo basado en la capital del país norteamericano, Washington, que reclamaba se publicasen imágenes en las que se aprecian las torturas al ciudadano saudí.
Las autoridades estadounidenses lo consideran igualmente “combatiente enemigo”, y lo acusan de haber querido participar en los irresueltos atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
En septiembre, el Segundo Circuito de Cortes de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que las imágenes de las torturas de Al-Qahtani no están en el ámbito de aplicación de la Ley de Libertad de Información estadounidense, que rige la desclasificación de información gubernamental.
El tribunal halló que las fotografías y vídeos “podrían, de manera lógica y plausible, dañar la seguridad nacional, ya que estas imágenes son susceptibles en modo único de que las usen extremistas antiestadounidenses como propaganda para incitar a la violencia contra los intereses de Estados Unidos dentro o fuera de sus fronteras”.
En enero de 2009, la entonces Autoridad Convocante para las comisiones militares de la Administración Bush, Susan Crawford, reconoció que la vida de Al-Qahtani había sido puesta en peligro por el aislamiento, privaciones de sueño, desnudez forzosa y exposición al frío que se la había infligido en Guantánamo.
“Enemigo combatiente” es una categoría legal ambigua que aplican a sus cautivos las autoridades estadounidenses desde la Presidencia de George W. Bush (2001-2009), al igual que el internamiento en el territorio cubano ocupado de Guantánamo, para denegarles derechos como los reconocidos por la Convención de Ginebra o la propia legislación de Estados Unidos.
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