En un informe anual publicado en su página oficial, el Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés) ha precisado que dichas leyes y prácticas son sobre todo en materia de justicia penal, menores, inmigración y seguridad nacional.
Explica en su informe presentado este jueves que los miembros de las comunidades minoritarias, inmigrantes, menores, reclusos o personas de bajos recursos que normalmente tienen menos posibilidades para defenderse ante un tribunal por ejemplo, son más afectados por esas prácticas.
Cárceles sobrepobladas
Estados Unidos con 2,37 millones de encarcelados tiene la mayor población penitenciaria en el mundo. Las prisiones sobrepobladas por la imposición de penas mínimas obligatorias y penas excesivamente largas constituyen parte de las preocupaciones de HRW.
Además, un nuevo informe, citado por la fuente, indica que cerca de 100.000 reclusos en prisiones estatales y federales permanecen en aislamiento, pese a las presiones ejercidas contra el uso de ese régimen penitenciario.
Justicia de Estados Unidos no es tan amable con los pobres
En todo el territorio estadounidense, las personas que no pueden permitirse pagar por una fianza, tendrán que sufrir períodos prolongados e innecesarios de prisión preventiva.
Los menores son juzgados en tribunales para los adultos
Estados Unidos es el único país que condena a menores de 18 años a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Decenas de miles de jóvenes menores de 18 años son juzgados en los tribunales para los adultos y permanecen encarcelados en centros de detención y prisiones para adultos.
Además,14 estados no han establecido una edad mínima para el juzgamiento en tribunales para adultos, mientras que otros estados fijan esa edad en 10, 12 o 13.
Penas de muerte
La pena capital se aplica en 31 estados de Estados Unidos. En lo que va del año, 27 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos, todas mediante inyección letal. No obstante, añaden en el informe, varios estados utilizan “combinaciones de fármacos experimentales” y se niegan a divulgar cuál es su composición.
Sin embargo, en agosto pasado, el Tribunal Supremo de Connecticut declaró inconstitucional la pena de muerte en ese estado, salvando así la vida de 11 personas sentenciadas a muerte.
Disparidades raciales en la justicia penal
Las disparidades raciales, en base a la investigación de este ente pro derechos humanos, se contemplan en diferentes niveles del sistema judicial del país, pues, la cifra de las detenciones, encarcelamientos y persecuciones penales es mucho más elevada entre los afroamericanos.
Según los datos proporcionados por HRW, 29% de todas las personas detenidas en relación con drogas son afroamericanas, a pesar de que representan apenas el 13 por ciento de la población estadounidense. De igual manera, la tasa de encarcelamiento de hombres negros es seis veces superior a la de los hombres caucásicos.
No hay registros oficiales sobre los que mueren a manos de los agentes policiales
Numerosos casos de asesinatos de afroamericanos desarmados por los agentes policiales suponen otro objetivo para la preocupación de HRW, pues los Gobierno federales carecen de un “registro exhaustivo” sobre las personas que pierden la vida por esa causa, así que no se puede realizar un seguimiento.
La Oficina de Estadísticas de Justicia (Bureau of Justice Statistics) no obstante, reveló en 2015 que efectúa un seguimiento de apenas entre el 35 y el 50% de las muertes relacionadas solo con detenciones en forma anual.
La ‘detención administrativa’ en Guantánamo
La ‘detención administrativa’, es decir sin cargos ni juicios, es una práctica que lleva a cabo Washington durante los últimos 14 años en la cárcel estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
HRW detalla que al momento de preparación de este documento, 107 personas permanecían detenidas en este centro, ya se había autorizado la liberación de 48 y la Administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama había transferido a 20 detenidos a su país de origen o a terceros países en 2015.
Trabajo Infantil
La legislación estadounidense exceptúa a los menores empleados en agricultura de los requisitos sobre edad mínima y jornada laboral máxima que protegen a otros niños que trabajan, aun así, cientos de miles de menores trabajan en haciendas agrícolas durante extensas jornadas, a veces expuestos a plaguicidas y al riesgo de insolación y lesiones.
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