• El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, da una conferencia de prensa en la sede de la Cancillería en La Habana, el 19 de febrero de 2019. (Foto AFP)
Publicada: miércoles, 17 de abril de 2019 17:40
Actualizada: viernes, 19 de abril de 2019 1:14

Cuba rechaza una decisión de EE.UU. que permite demandar propiedades norteamericanas que fueran confiscadas en la isla hace décadas.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, ha condenado este miércoles mediante un tuit el anuncio por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, de que los ciudadanos de EE.UU. podrán iniciar demandas por propiedades confiscadas en décadas pasadas por el Gobierno cubano.

Rechazo enérgicamente anuncio del Secretario de Estado Pompeo de activación del Título III de la Ley Helms-Burton. Es un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados. Agresiva escalada de #EEUU contra #Cuba fracasará, ha tuiteado el canciller. 

La suspensión de ese título quedará revocada a partir del próximo 22 de mayo, de acuerdo con la publicación del secretario de Estado estadounidense.

Desde la promulgación de la ley Helms-Burton en 1996, se han venido desatando innumerables controversias internacionales, por afectar a los intereses comerciales que tienen en Cuba distintos países del mundo.

La legislación cubana establece en la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía del 24 de diciembre de aquel mismo año que la norma estadounidense es “ilícita (…), inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno”, y se considera nula toda reclamación amparada en ese precepto por cualquier persona natural o jurídica. 

La ley Helms-Burton considera “propiedad norteamericana” las empresas nacionalizadas en el país caribeño después de 1959, cuando triunfó la Revolución cubana, y se considera “tráfico” la compra, recepción, uso o inversión posterior en esas posesiones.

Washington ha autorizado las demandas en tribunales norteamericanos a partir del 19 de este marzo contra más de 200 empresas cubanas incluidas en una lista de sanciones unilaterales destinadas a asfixiar la economía de Cuba.

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