“Existen motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la Policía y que, en al menos 10 de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros de Esmad de la Policía Nacional”, precisa la Oficina de Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en un informe publicado este miércoles.
El documento también ha detectado “graves violaciones a los derechos humanos, tales como privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo”.
La representante colombiana de ACNUDH, Juliette de Rivero, encargada de presentar el documento, ha dicho que “hasta la fecha, la Oficina ha verificado 46 muertes, de las cuales 44 eran civiles y dos eran policías. De las muertes documentadas, el 76 % de las víctimas murieron por heridas de bala”. Además, indica que la actuación de la Fuerza Pública durante el periodo investigado fue “incompatible con el derecho de reunión pacífica y otros derechos humanos”.
El Gobierno colombiano, presidido por Iván Duque, ha rechazado el informe de De Rivero, pese a que ordenó a policías y militares usar la fuerza para sofocar las protestas ocurridas en medio del paro nacional que inició el pasado 28 de abril y se extendió por más de dos meses.
El lunes también se conoció el informe de una relatoría independiente realizado a pedido de la Alcaldía de Bogotá, en el que la Policía es señalada de haber cometido “una masacre” en septiembre de 2020. Entonces 11 jóvenes murieron a manos de la fuerza pública durante las protestas contra la violencia policial en la ciudad, según la investigación.
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