Una masacre cuya responsabilidad recae en la Policía Nacional y se cobró la vida de 11 jóvenes en Bogotá y Soacha, los días 9 y 10 de septiembre pasado.
Esa es la conclusión de una relatoría independiente que fue solicitada por la alcaldesa, Claudia López, al sistema de Naciones Unidas, para esclarecer los crímenes cometidos durante la represión de las manifestaciones que estallaron tras el asesinato del abogado Javier Ordóñez, a manos precisamente de la Policía.
La pesquisa documentó siete prácticas violentas, incluido el uso ilícito de armas de fuego por parte de los agentes, así como detenciones arbitrarias.
Carlos Negret, abogado y experto en derechos humanos que dirigió el informe de investigación, calificó los hechos de esos dos días como uno de los episodios más graves de violación de derechos humanos en la historia de Bogotá.
A su vez, Claudia López clamó justicia y pidió perdón, entre lágrimas, a los familiares de las víctimas.
El informe se publica en un momento en el que la Policía colombiana se enfrenta a uno de los mayores escrutinios por su actuar en el marco de las manifestaciones. Hasta ahora, aunque cuatro policías se enfrentan a cargos de asesinato por las muertes ocurridas en las protestas, ninguno de los acusados está en prisión. De hecho siguen de servicio y portando armas.
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