La agresión se efectuó a las afueras de la vivienda de Córdoba en Bogotá, capital colombiana, donde los manifestantes que llevaban varias pancartas pretendían “aupar su labor en la defensa de la paz, emitiendo una serie de amenazas”.
Según han relatado testigos, los manifestantes realizaron varios cánticos, lanzaron fuertes amenazas e incluso llegaron al punto de acusarla de ser una “enemiga de la paz”.
Este acto ha tenido lugar después de que Córdoba lamentara la decisión del Gobierno de reactivar los bombardeos, los calificara de masacres, y solicitara al Gobierno colombiano la creación de una comisión técnica que junto con inspectores internacionales verificara los hechos ocurridos en el Cauca.
Este acto ha generado la indignación y condenas de autoridades y funcionarios colombianos, e incluso resultó en la creación de la etiqueta #EstamosContigoPiedad: “Me solidarizo con @piedadcordoba ante nuevo ataque de la extrema derecha#EstamosContigoPiedad”, ha tuiteado el senador colombiano, Iván Cepeda Castro.
Es de mencionar que no se trata de la primera vez que Córdoba es víctima de este tipo de actos: el pasado mes de enero, se informó del envío de “una corona funeraria como símbolo de las amenazas de muerte” a su casa.
El pasado 15 de abril, los medios de comunicación colombianos anunciaron la muerte de 11 soldados del país a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el departamento suroccidental del Cauca.
Este suceso que violó el alto el fuego declarado el pasado diciembre de manera unilateral por las FARC, provocó la reacción inmediata del presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien ordenó en la misma jornada la reanudación de los bombardeos contra las FARC para “proteger a la población civil y a las tropas”, pese a su decisión del pasado 9 de abril de extender, por un mes más, la prohibición de bombardear campamentos de las FARC.
Desde noviembre de 2012, Bogotá y las FARC mantienen diálogos para encontrar una salida al conflicto social y armado que sufre el país desde hace más de medio siglo que ha dejado unos 220 mil muertos y 5,3 millones de desplazados, según datos oficiales.
De una agenda de seis puntos, las partes han logrado acuerdos en tres puntos: la reforma rural, la participación política, las drogas ilícitas y el desminado.
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