Díaz anunció el sábado que la mandataria de Chile, Michel Bachelet, enviará al Congreso un nuevo proyecto que adecúe la parte del texto declarada inconstitucional, en especial un artículo que fortalecía a los sindicatos.
La reforma laboral impulsada por Bachelet fue aprobada tras más de un año de discusión en el Congreso, pero a fines de abril sufrió un duro revés en el Tribunal Constitucional, que declaró ilegal un artículo que brindaba exclusividad sindical en la negociación colectiva.
La presidenta ha decidido por una parte vetar algunas de la normas del proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales". Lo que el Gobierno propuso no fue un conjunto de normas aisladas entre sí, se trata de una propuesta integral de relaciones laborales", anunció el ministro secretario general de Chile, Marcelo Díaz, en conferencia de prensa.
"La presidenta ha decidido por una parte vetar algunas de la normas del proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales", anunció Marcelo Díaz, en conferencia de prensa. "Lo que el Gobierno propuso no fue un conjunto de normas aisladas entre sí, se trata de una propuesta integral de relaciones laborales", agregó.
El vocero de La Moneda sostuvo además que en relación al contenido del fallo y sus fundamentos, "no podemos descartar no sólo que se comprometan algunos de los avances alcanzados en el proyecto, sino que se materialicen retrocesos en los derechos de los trabajadores".
La semana pasada se conoció el fallo del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de reforma laboral, desde entonces, el Gobierno ha sido claro en señalar que lamenta esa decisión de mayoría, pero acatará íntegramente su veredicto, como corresponde a un Estado de derecho", explicó el secretario general.
El fallo del Tribunal -que actuó tras un recurso interpuesto por la derecha opositora- fue duramente criticado por los sindicatos y el gobierno lo calificó como una derrota para los chilenos.
La nueva ley busca que el sindicato sea el principal agente de negociación colectiva y prohíbe los reemplazos de trabajadores durante las huelgas, pero establece un sistema de servicios mínimos.
Junto a la ley laboral, la reforma educativa -cuya implementación está en marcha- Bachelet inició un proceso constituyente que podría culminar con reformas a la Carta Magna en el próximo gobierno, en otro intento por borrar la herencia legal de Pinochet (1973-1990).
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