El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a la unidad de las autoridades para combatir al crimen organizado. Su declaración se produjo tras la masiva operación policial el martes en las favelas de Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro, que resultó en 130 muertos.
“No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo a los vecinos y esparciendo droga y violencia por las ciudades”, escribió Lula en la red social X después de reunirse con su gabinete en el Palacio de la Alvorada para evaluar lo ocurrido.
Al mismo tiempo, anunció la creación de la Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado, una entidad conjunta entre el Gobierno nacional de Brasil y el regional del estado de Río de Janeiro para enfrentar la actual crisis.
El mandatario anunció que ha instado al ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, y al secretario general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, para que se desplacen a Río de Janeiro. Su misión será reunirse con el gobernador del Estado, Cláudio Castro, con cuyo Gobierno el discurso federal se ha moderado.
Entretanto, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó al gobernador de Río de Janeiro que presentara aclaraciones sobre dicha operación.
🇧🇷 Redada policial en Brasil deja al menos 64 muertos
— HispanTV (@Nexo_Latino) October 29, 2025
🔺Una operación masiva de la policía brasileña contra una banda criminal terminó en un violento enfrentamiento que dejó al menos 64 personas muertas, según informó CNN. pic.twitter.com/pXvDWQPWiN
Lula subrayó la necesidad de “trabajar de manera coordinada” para “atacar la espina dorsal” del crimen sin arriesgar a policías y civiles. En este contexto, recordó la reforma de la ley de seguridad presentada por su Gobierno, que busca la “actuación conjunta” de todas las fuerzas policiales.
Dicha reforma se encuentra en el Congreso desde abril, aunque su tramitación está estancada por la falta de consenso entre las fuerzas parlamentarias. La norma propone integrar los operativos de las diferentes fuerzas policiales bajo el mando del Gobierno Federal. La ley tipifica como delito la obstrucción de acciones contra el crimen organizado y la conspiración para obstruir dichas acciones. Las penas se establecen entre 4 y 12 años de prisión y una multa.
La operación policial tenía por objetivo la captura de los principales cabecillas del Comando Vermelho, la más antigua y poderosa organización criminal de Río, pero que tiene ramificaciones en todo el país.
El gobierno regional de Río de Janeiro solo confirmó 121 muertos, de los cuales cuatro eran policías y el resto personas ligadas al crimen; sin embargo, la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos en los institutos forenses y en el lugar de los hechos, asegura que fueron 132 víctimas.
Algunos cuerpos fueron entregados este jueves a sus familias, aunque la Policía Civil no informó, sin embargo, cuántos ni proporcionó detalles sobre los nombres y edades de las víctimas, según versiones de la prensa local.
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