• Miembros de la llamada Resistencia Juvenil Cochala en la ciudad boliviana de Cochabamba.
Publicada: domingo, 28 de noviembre de 2021 0:06

El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura tacha de “paramilitares” a grupos de oposición boliviana por someter a arrestados a torturas en protestas de 2019.

El ente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha calificado este sábado a Resistencia Juvenil Cochala y a Unión Juvenil Cruceñista (UJC) como grupos “paramilitares” que contaban con el apoyo de los elementos de las fuerzas de seguridad tras el golpe de Estado en 2019 en Bolivia que causó la renuncia de Evo Morales como el entonces presidente legítimo del país.

“Llamada Resistencia Juvenil Cruceñista, que se desplazaban igual que la anterior en motocicleta, por los llamados motoqueros, utilizando bazucas caseras o palos como armas, justificando su acción en defensa de la democracia, para apoyar en barrios a los opositores de Evo Morales durante paros y bloqueos”, ha confirmado el presidente del Comité contra la Tortura de la ONU, Claude Heller, citado por el diario boliviano Página Siete.

Conforme a Heller, “estos grupos paramilitares” fueron financiados “por grupos denominados pititas” y actuaban con la cooperación de grupos de seguridad.

En un informe publicado por el Ministerio boliviano de Justicia, se documentó el caso de 28 personas arrestadas en la ciudad de El Alto (oeste) quienes fueron sometidas a diversos tipos de torturas incluso al abuso sexual. 

“Fueron sometidas a torturas y otras formas de malos tratos, incluyendo amenazas de muerte, electrocuciones, asfixia con golpes de plástico, golpes, privación de alimentos y agua, abusos sexuales y simulaciones de ejecuciones”, ha precisado Heller.

Este Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) es un órgano integrado por diez especialistas independientes que supervisa la aplicación de la Convención vontra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por sus Estados miembros.

Tras el golpe de Estado en 2019, pese a no cumplir con los requisitos de la Constitución de Bolivia, la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina del país sudamericano, lo cual provocó protestas masivas y una brutal represión policial.

Un informe publicado en enero de 2021 por la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) reveló que Áñez utilizó de “forma abusiva el sistema judicial para perseguir” a los defensores de Morales.

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