El 18 de julio de 1994 un coche bomba explotó en Pasteur 633, en la puerta de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, capital argentina: el estallido derrumbó un edificio y mató a 85 personas.
Una multitud, incluidos los allegados de los muertos, ha asistido este martes a dos actos conmemorativos separados, uno celebrado en Pasteur 633, frente al predio del edificio destruido por el ataque, y el otro, celebrado no muy lejos de allí, en la Plaza Lavalle, frente a los Tribunales.
La Agrupación Memoria Activa, que agrupa a los amigos y familiares de los fallecidos, ha culpado al Estado argentino por la “falta de justicia y por no proteger la vida” de los ciudadanos, mientras que el titular de la AMIA, Amos Linetzky, ha pedido la cooperación de Teherán en el caso.
Irán, acusado, sin prueba alguna, por Estados Unidos e Israel de estar implicado en el atentado, firmó en 2013 un memorando de entendimiento con el entonces Gobierno argentino, presidida por Cristina Fernández de Kirchner (CFK), para poner en marcha una indagación conjunta del incidente, lo que irritó a las autoridades y lobbies israelíes.
El entendimiento hizo que naciera, bajo presión israelí, una causa judicial contra CFK en enero de 2015, cuando el fiscal argentino Alberto Nisman acusó a la entonces mandataria del supuesto encubrimiento para los sospechosos del atentado, acusación que rechaza categóricamente la actual vicepresidenta.
La República Islámica, que desmiente las “acusaciones infundadas” en su contra, ha denunciado las presiones de los lobbies pro israelíes en el caso. Teherán acusa al régimen de Israel de encubrir las realidades y tapar la identidad de los verdaderos autores del atentado.
Informes indican que los procesos judiciales en torno al caso AMIA han sido influenciados por injerencias externas, sobre todo desde EE.UU. e Israel.
Aunque una investigación interna del servicio de espionaje israelí (el Mossad) concluyó en julio de 2022 que Irán no estuvo vinculado con los atentados terroristas contra la AMIA (1994) y contra la embajada israelí en Bueno Aires (1992), las autoridades israelíes y EE.UU. siguen responsabilizando a Teherán por el primero.
A casi 30 años del atentado, lo indudable es que el caso AMIA se usó y sigue utilizándose para la geopolítica y persecución política contra Irán, no solo en Argentina, sino también a nivel internacional y contra el peronismo dentro del país latinoamericano.
Durante las últimas tres décadas, Israel ha jugado el papel de víctima, como escudo de impunidad, en busca de recolectar apoyo internacional a sus constantes intentos de demonizar Irán.
ftm/ncl/rba
