• El presidente argentino, Mauricio Macri (dcha.), y el premier israelí, Benjamín Netanyahu, en Buenos Aires, septiembre de 2017.
Publicada: jueves, 8 de agosto de 2019 14:45

Argentina congela los bienes de varios exfuncionarios iraníes supuestamente vinculados con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El Gobierno argentino dispuso el miércoles, el “congelamiento administrativo de bienes y/o dinero” de los ciudadanos iraníes acusados de estar vinculados con el atentado de 1994 contra la AMIA, informaron medios locales.

Siete iraníes están alcanzados por la medida, entre los que se encuentran un exembajador y un exagregado cultural de Irán en Buenos Aires (la capital argentina).

La inscripción fue solicitada por la Unidad de Información Financiera (UIF), y ahora debe ser homologada por el juez de la causa Rodolfo Canicoba Corral y tiene vigencia inicialmente por seis meses.

Irán fue acusado por los lobbies israelíes de haber estado detrás del atentado, pero en 2013, los Gobiernos de Buenos Aires y Teherán firmaron un memorándum de entendimiento para esclarecer el caso y el acuerdo fue aprobado en el Congreso argentino por diputados y senadores, pero el Ejecutivo de Mauricio Macri anunció que derogaría el memorándum de entendimiento.

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De hecho, Irán ha desmentido en reiteradas ocasiones las “acusaciones infundadas” de quienes tratan de vincular al país persa con el atentado y denuncia que las imputaciones son herramientas para ocultar la identidad de los verdaderos autores.

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Las acusaciones contra Irán han sido rechazadas también por diferentes autoridades y destacados expertos argentinos. El abogado Alberto Zuppi en su libro “AMIA: Un crimen en curso” reveló a su vez que la teoría de culpar a Irán por AMIA fue fijada desde el día del atentado.

El autor, cuyo trabajo en las décadas 80 y 90 sobre los procesos judiciales contra criminales de guerra nazis que se escondieron en Argentina lo puso en contacto con “Memoria Activa”, un grupo de sobrevivientes de la AMIA, señala irregularidades como la negativa a interrogar a varios testigos clave y el pago de 400 000 dólares por el juez federal destituido del caso, Juan José Galeano a una figura clave en la pesquisa.

A juicio de Zuppi, hubo una discrepancia entre la cantidad de recursos dedicados a la investigación y lo poco que había progresado: “Estaba claro que Galeano y el Gobierno no querían llevar a cabo una investigación verdadera (…) Sólo estaban recogiendo datos sin sentido ni intención”.

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