• Parte de las obras de la construcción del gasoducto Nord Stream 2, en Lubmin, noreste de Alemania, 26 de marzo de 2019. (Foto: AFP)
Publicada: jueves, 16 de julio de 2020 17:05

Alemania deplora rebatiendo las amenazas de sanciones extraterritoriales de EE.UU. a las empresas involucradas en la construcción del gasoducto Nord Stream 2.

Con sus anuncios de medidas (punitivas), que amenazan con sanciones también a las empresas europeas, el Gobierno de EE.UU. ignora el derecho y la soberanía de Europa para decidir por sí misma dónde y cómo recibimos nuestra energía”, apunta el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, en un comunicado emitido este jueves.

Las declaraciones del jefe de la Diplomacia alemana son en respuesta al anuncio del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, de la eliminación de una norma que evitaba la imposición de sanciones a las compañías implicadas en el polémico gasoducto Nord Stream 2, que haría llegar gas natural ruso a Alemania.

En una rueda de prensa ofrecida el miércoles a los medios, Pompeo envió un mensaje a las empresas que participan en ese megaproyecto, la mayoría rusas y alemanas, al advertirles de que se desatiendan de sus compromisos empresariales o se atengan a las consecuencias.

En este contexto, Maas haciendo hincapié en que la política energética europea se implementa dentro de las fronteras de Europa y no a más de 6000 kilómetros de distancia en Washington, ha dejado en claro que Berlín rechaza “claramente las sanciones extraterritoriales” de Estados Unidos.

 

Nord Srtream 2, que es la segunda conexión de este tipo entre Rusia y Alemania —después de la inauguración de la primera en 2011—, tiene la capacidad de transportar unos 55 000 millones de metros cúbicos de gas al año.

La Administración de EE.UU., presidida por Donald Trump, se opone a dicho proyecto, afirmando que el gasoducto aumentaría enormemente la influencia de Rusia en Europa en un momento de creciente tensión entre ambas potencias.

En esta línea contraria a su construcción, el líder republicano promulgó el año pasado una legislación del Congreso que sanciona a los constructores que participen en este proyecto, cuyas inversiones alcanzan los 11 000 millones de dólares.

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