Nicolás Maduro ha subrayado este jueves en un acto publico que Castillo intentó disolver el Congreso –un acto anticonstitucional y penado– por el acoso y persecución de la extrema derecha que no aceptaban su victoria en las elecciones.
“Una vez que se juramenta, en julio de 2021, empieza la conspiración para un golpe parlamentario. Y comienzan los ataques, un acoso permanente. Hasta que golpe a golpe, acoso a acoso, en una persecución parlamentaria, política y judicial sin límite, lo llevaron al extremo de intentar disolver el Parlamento del Perú”.
Para Maduro, las élites oligárquicas no permitieron que un simple maestro llegue a la presidencia del Perú e intente gobernar para el pueblo.
Además, ha alertado de que lo que pasó en Perú envía un mensaje de “la extrema derecha” para los grupos progresistas de la región latinoamericana y es “no los vamos a dejar gobernar”.
En este contexto, ha sostenido que el Gobierno venezolano no se inmiscuye en los asuntos internos de ningún país, por tanto, ha expresado su deseo de que “el pueblo peruano, en el marco de su Constitución, consiga, más temprano que tarde, su camino de liberación, su camino de democracia verdadera”.
¿Qué pasó el miércoles en Perú?
El miércoles, el Congreso esperaba a Castillo para que se defendiera de una moción que pedía su vacancia (destitución) por incapacidad moral, debido a una serie de denuncias por corrupción. Sin embargo, no llegó y el entonces mandatario anunció la disolución del órgano lesgislativo y la instalación de un gobierno de emergencia. Ante ello, el Lesgilativo destituyó al presidente, considerando que su anuncio iba contra la ley.
Ese mismo día Castillo fue detenido y permanecerá en prisión preventiva hasta el 13 de este mes para ser investigado por los cargos de rebeldía y conspiración en perjuicio del Estado. Si en encontrado culpable de los cargos, podría pasar entre 10 y 20 años en la cárcel.
En conformidad con la Constitución, la vicepresidenta Dina Boluarte juró como la primera mujer en asumir como jefa de Estado en el país sudamericano
Además, ahora ya sin inmunidad por su condición presidencial, tiene que afrontar seis investigaciones fiscales abiertas, la mayoría basada en testimonios de exfuncionarios o empresarios allegados.
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