“El canciller (chileno) Heraldo Muñoz, en su inamistoso accionar hacia el Gobierno venezolano y desconociendo el sistema constitucional y legal de nuestro país, obedece a presiones de los sectores más reaccionarios de la burguesía pinochetista y la élite internacional, aliada a la derecha golpista venezolana”, señaló el lunes un comunicado de la Cancillería venezolana.
El domingo, el Gobierno de Chile solicitó a Caracas que garantice las normas mínimas que deben observarse en toda detención, además de exigir, la inmediata revelación del lugar de reclusión del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar.
“El canciller (chileno) Heraldo Muñoz, en su inamistoso accionar hacia el Gobierno venezolano y desconociendo el sistema constitucional y legal de nuestro país, obedece a presiones de los sectores más reaccionarios de la burguesía pinochetista y la élite internacional, aliada a la derecha golpista venezolana”, señaló el lunes un comunicado de la Cancillería venezolana.
Los hechos se remontan a principios de septiembre, cuando Jatar cubrió en la Isla de Margarita (estado insular de Nueva Esparta, norte) una protesta en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y difundió un vídeo en su canal de noticias, lo que repercutió en su detención por parte de las autoridades venezolanas.
Maduro asistía a un acto público en la isla, coincidiendo con la jornada de manifestaciones, denominada por el chavismo 'Toma de Venezuela' en defensa de la paz y ‘Toma de Caracas’ por la oposición, quienes exigían una vez más al Consejo Nacional Electoral (CNE), que dé fecha exacta para terminar el proceso de recolección de firmas a fin de convocar el revocatorio contra el presidente del Gobierno.
Chile había solicitado que el detenido sea visitado por su abogado, familiares y el cónsul chileno, petición diplomática que desde la Cancillería venezolana se descartó, aduciendo que Jatar es venezolano y sus supuestos delitos fueron cometidos en el país caribeño.
Al respecto, la nota indicó que no hay un ápice de interpretación sobre la legislación venezolana aplicable, por no someter a asistencia consular de Chile.
Por su parte, Chile rechazó “categóricamente” la acusación del gobierno venezolano de haber tenido una supuesta injerencia en asuntos de su país, al difundir un comunicado horas después de conocida la nota de Venezuela.
En la misiva, Chile no aceptaba la aseveración que la preocupación manifestada por la situación de los derechos humanos del arrestado constituya un supuesto 'inadmisible injerencismo' en los asuntos internos de Venezuela.
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