Un documento de 5 folios rubricado por el Gobierno de Egipto resume los puntos básicos de su política antiterrorista en la península del Sinaí.
El comunicado se refiere a la necesaria proporcionalidad de los ataques del Ejército contra los extremistas y reafirma la voluntad de las autoridades de salvaguardar la integridad territorial del país sin descuidar la protección de los derechos humanos. Una promesa que no siempre se ha mantenido, según fuentes locales.
Alrededor de 3600 personas, entre miembros de las fuerzas de seguridad egipcias milicianos y civiles, han fallecido en enfrentamientos en el Sinaí desde julio de 2013.
La población local, según informes como el publicado recientemente por el Observatorio de Derechos Humanos (HWR, por sus siglas en inglés), ha sido la principal víctima, sufriendo los ataques terroristas y las propias políticas del Gobierno.
La organización no gubernamental (ONG) que posee contactos sobre el terreno, transmite las quejas de quienes vieron demolidas sus casas para la creación de una zona de seguridad en la zona de Rafah, al norte del Sinaí. Muchos denuncian no haber recibido todavía compensación económica alguna y quienes han cobrado dicen que el dinero no cubre ni la mitad de lo expropiado.
El Ejecutivo egipcio ha prometido que aliviará el apagón informativo impuesto en la inestable península para que los ciudadanos tengan un mejor conocimiento sobre la lucha antiterrorista.
Las autoridades han presentado un plan integral para llevar más desarrollo económico al Sinaí. Los expertos sostienen que la pacificación de la zona y la aplicación de proyectos deben ir de la mano.
Rocío López, El Cairo.
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