Uno de los denunciantes es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y su representante explica el por qué de las demandas.
“Nosotros consideramos que los delitos es decir que han cometido y que han sido evidenciado dentro de este proceso son de tal magnitud que el Congreso de la República debe de conocerlos para iniciar el proceso jurídico que signifique la investigación plena de los delitos que cometieron”, dice Ángel Sánchez, secretario general de URNG.
Sin embargo en el Congreso las actividades parlamentarias siguen estancadas desde principio de año y es allí donde se deben conocer las interpelaciones a ministros que incurran en ilegalidades. Hasta hora son tres los señalados por corrupción en el actual Gobierno, pero las esperanzas de entablarles un juicio son casi nulas.
Lo mismo ocurre dentro del Sistema de Justicia, donde según analistas, los operadores del organismo judicial no proceden contra funcionarios de gobiernos por el circulo de corrupción que también impera en ese órgano.
Sobre la vicepresidenta pesan cuatro peticiones de antejuicio y tres ministros esperan ser interpelados ante el Congreso mientras más de 25 altos funcionarios de otras carteras están señalados en casos de corrupción.
En las próximas semanas la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si autorizan procesos penales contra la vicepresidenta del país o la declaran sin lugar.
Miguel Salay; Ciudad de Guatemala.
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