El doctor Tarek al-Ghandour murió hace unos meses en una prisión egipcia. Su familia conserva sus recuerdos, anteriores al día en que la Policía irrumpió por sorpresa en su domicilio.
Reconocido como experto dermatólogo y por impartir clases en una de las universidades egipcias más levantiscas, el doctor era también conocido por asistir a las manifestaciones semanales convocadas por los Hermanos Musulmanes (HHMM). Le cayeron cinco años por participar en una protesta ilegal y pasó por varias cárceles, hasta dar con una en la que supuestamente debería haber sido tratado de la hepatitis C que padecía.
Su mujer lamenta que no le hubieran practicado un trasplante de hígado, como necesitaba. Y ante la gravedad del paciente, lo llevaron a otros dos hospitales, donde no recibió la atención necesaria, hasta que finalmente falleció.
Esta familia recibe ahora una ínfima pensión por viudedad. El Gobierno no les ha ofrecido compensación, ni ha abierto causa alguna por mala praxis médica.
Éste es solo un caso más del centenar que se ha registrado, según la investigación de un periódico egipcio, desde la campaña de represión que comenzó con el derrocamiento de Mohamad Mursi, y que ha llevado a las cárceles a decenas de miles de personas.
El Gobierno niega malas condiciones en las prisiones y la existencia de presos políticos.
Ismael Monzón, El Cairo.
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