En un comunicado difundido esta semana, el Ministerio del Interior de Egipto declaró que permitiría examinarse a 3462 alumnos en las prisiones.
El texto no especificaba cuántos de ellos eran presos políticos, número que las organizaciones de derechos humanos cifran en más de 2200. Alumnos de institutos y universidades cuyo derecho a la educación está garantizado por la legislación local sólo sobre el papel.
La persecución de los distintos movimientos estudiantiles emprendida por las autoridades desde el golpe de Estado de 2013, ha acabado con la oposición activa en las universidades, se quejan los activistas. Tras acabar entre rejas, la batalla que afrontan los alumnos es la de completar sus estudios.
A los obstáculos impuestos por el Gobierno, la Fiscalía y las autoridades penitenciarias se suman los de los responsables de las universidades.
Un decreto promulgado por el presidente egipcio, Abdel Fatah al-Sisi, otorga a los rectores la potestad de expulsar del centro a cualquier alumno sospechoso de participar en actividades no deseadas dentro del campus.
La represión contra los estudiantes ha acabado con las multitudinarias manifestaciones que se desarrollaron en las universidades egipcias durante meses. Aún así, continúan las detenciones; al menos 20 alumnos fueron arrestados el pasado 25 de enero en el aniversario de la revolución de 2011.
Rocío López, El Cairo.
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