El juez Mayid Hoseinzade, jefe de la Sala 55 del Tribunal de Relaciones Internacionales de Teherán, ha informado este lunes que el petrolero fue incautado en el Golfo Pérsico en 2023.
Ha explicado que la demanda fue presentada por 771 pacientes iraníes con epidermólisis bullosa, con el apoyo de la Casa EB, la única organización no gubernamental a nivel nacional, contra el gobierno de Estados Unidos y sus funcionarios.
Según ha declarado, los demandantes solicitaban una indemnización por daños materiales, morales y punitivos derivados de las crueles e ilegales sanciones estadounidenses y las restricciones al acceso a apósitos médicos especializados y suministros farmacéuticos.
Tras una revisión exhaustiva del caso, Hoseinzade ha señalado que se emitió un veredicto final y, tras la notificación legal y la emisión de una orden de ejecución, se llevaron a cabo todos los procedimientos legales necesarios.
“Tras la incautación del cargamento de petróleo en 2023 y la constatación de que pertenecía al gobierno estadounidense, el envío fue descargado de acuerdo con los procedimientos legales, el buque cisterna fue liberado y los ingresos de la venta del petróleo fueron depositados en la cuenta del Poder Judicial”, ha detallado.
Hoseinzade ha hecho hincapié en que, durante el proceso, el tribunal recopiló y examinó una amplia documentación escrita de diversos organismos nacionales e internacionales, autoridades de medicina forense y organizaciones no gubernamentales para establecer el papel directo de las sanciones estadounidenses en la restricción del acceso de los pacientes a los medicamentos.
“Durante el proceso, se constató que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la intimidación y la imposición de severas sanciones, había impedido, directamente o bloqueando transacciones financieras, que las empresas farmacéuticas y los fabricantes de apósitos especializados enviaran medicamentos y suministros médicos a Irán”, ha afirmado.
El juez ha subrayado que esta acción constituye una clara violación del derecho fundamental al acceso a la atención sanitaria y al tratamiento médico, reconocido como uno de los principios básicos de los derechos humanos.
Asimismo, ha indicado que el tribunal de Teherán emitió un fallo detallado de más de 100 páginas, en el que consideró que las acciones del gobierno estadounidense eran “ilegales e inhumanas” y ordenó una indemnización por los daños causados.
Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, restableció duras sanciones contra Irán después de retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015 en mayo de 2018, a pesar de que Irán cumplió plenamente con los términos del acuerdo.
Las sanciones han estado estrangulando los canales financieros que podrían utilizarse para proporcionar a Irán medicamentos, materiales o equipos médicos esenciales.
Aunque Washington y sus aliados occidentales afirman que los bienes humanitarios estaban exentos de sanciones, decenas de miles de pacientes en Irán han muerto o desarrollado enfermedades graves a lo largo de los años debido a la falta de medicamentos esenciales.
En julio de 2024, el Tribunal de Relaciones Internacionales de Teherán dictaminó que Estados Unidos debía pagar unos siete mil millones de dólares en concepto de indemnización por las sanciones ilegales que imponía a los pacientes del país que padecían epidermólisis bullosa.
El tribunal condenó al gobierno y los funcionarios de Estados Unidos a pagar 6785 millones de dólares como parte de los daños materiales, morales y punitivos a los demandantes en el caso de los pacientes iraníes con epidermólisis bullosa, conocida comúnmente como ‘piel de mariposa’.
nht/msm
