Mediante un comunicado publicado este domingo, el organismo ha expresado su “profunda preocupación” y denunciado la medida en los términos más enérgicos, afirmando que la acción es inaceptable “en cualquier sistema jurídico civilizado”.
Según la nota, entre las personas privadas de la ciudadanía se encuentran clérigos, oradores, activistas sociales, mujeres, hombres e “incluso niños y bebés”, quienes fueron privados de su nacionalidad “sin ningún procedimiento judicial, sin investigaciones legales, fuera de la jurisdicción del poder judicial y únicamente por orden del rey de Baréin”.
El comunicado señala que el derecho a la nacionalidad es uno de los derechos humanos más fundamentales del derecho internacional, citando el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que “nadie será privado arbitrariamente de su nacionalidad”.
El Ministerio del Interior de Baréin declaró a finales del mes pasado que había despojado de su nacionalidad a 69 personas y sus familias por “expresar su apoyo a los ataques [de represalia] de Irán” contra objetivos militares estadounidenses e israelíes en Asia Occidental, en el marco de la guerra de agresión contra la República Islámica.
La cartera afirmó que estas personas también publicaron mensajes en redes sociales “glorificando y simpatizando con” los movimientos de Resistencia regionales. Añadió que quienes fueron despojados de su ciudadanía “socavaron la seguridad nacional al publicar contenido en línea, lo que provocó inestabilidad y puso en peligro el orden público”.
El Alto Consejo de Derechos Humanos de Irán ha declarado que la inclusión de menores en la decisión no solo violaba las normas de derechos humanos, sino que también constituía una “desnacionalización forzosa” y un “castigo colectivo”, prácticas que han sido enérgicamente prohibidas por los organismos de monitoreo de la ONU.
El comunicado también denuncia a Baréin por utilizar reiteradas acusaciones de “apoyo a Irán” o “espionaje para entidades extranjeras” como pretexto para reprimir la disidencia y violar sistemáticamente los derechos civiles.
“Tal enfoque represivo recuerda la conducta inhumana de los sistemas totalitarios y socava por completo la credibilidad de cualquier pretensión al Estado de derecho en Bahréin”, declara.
El organismo también argumenta que la medida violaba los principios de no discriminación y proporcionalidad en las penas, subrayando que privar a niños y bebés de la ciudadanía no guardaba relación alguna con las acusaciones políticas dirigidas contra sus padres.
Ha exhortado además a los órganos de derechos humanos de la ONU, en particular a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño y la Organización para la Cooperación Islámica, a condenar formal e inmediatamente la acción de Baréin.
Ha instado también a Baréin a restituir la ciudadanía a todas las personas afectadas “sin demora”, especialmente a los niños y bebés, y advertido que el silencio o una respuesta internacional mínima envalentonarían a los “regímenes represivos” para que continúen violando los derechos de los ciudadanos y promoviendo el castigo colectivo en la región.
El comunicado añade que Irán se reservaba el derecho de llevar el asunto a foros internacionales y pedir que los funcionarios bareiníes responsables de la medida fueran identificados como “graves violadores de los derechos humanos”.
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