El Ejército peruano declaró bajo secreto de Estado adquisiciones y contratos por más de 145 millones de dólares, impidiendo la fiscalización de la prensa y el Ministerio Público. La medida surgió tras advertencias de la Contraloría sobre irregularidades en el mantenimiento de helicópteros y la compra de armamento.
La Contraloría responsabilizó penalmente a 16 oficiales del Ejército, incluido el actual jefe de las Fuerzas Armadas, pero la Comandancia archivó el caso al declararlo secreto de Estado. El gobierno de Dina Boluarte respalda a las Fuerzas Armadas y promulgó una ley de amnistía para militares acusados de violar derechos humanos, sin admitir cuestionamientos.
Las compras secretas del Ejército peruano replican las prácticas de los noventa bajo Fujimori y Montesinos, manteniendo ocultas millonarias adquisiciones de armamento.
Aarón Rodríguez, Lima.
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