Así allanaban oficinas relacionadas con el Sindicato Nacional Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) el 21 de mayo.
El ejercicio es parte de una investigación por supuesta estafa que adelanta la Procuraduría General de la Nación contra dirigentes del sindicato más grande del país, hacia quienes han girado órdenes de aprensión que se han hecho efectivas en medio de denuncias de persecución política.
Una solicitud de asilo del secretario general de Suntracs, Saúl Méndez, espera ser respondida desde la embajada de Bolivia en Panamá, para los sindicalistas se trata de un pase de factura por su participación en la huelga que exige la derogación de la Ley 462 que reformó el sistema de pensiones.
La coyuntura genera preocupación en distintos sectores de la sociedad ante la posibilidad de que el Estado de derecho se encuentre en peligro, según lo han planteado distintos abogados panameños.
John Alonso, Ciudad de Panamá.
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