Esta demanda de 34.500 millones de dólares ha sido presentada en una corte de Washington (EE. UU.) contra varios hombres de negocios, organizaciones benéficas, empresas y especuladores corporativos estadounidenses que apoyan la construcción de asentamientos en los territorios palestinos ocupados, según informó el jueves el diario israelí Haaretz.
"Este caso es el del propósito de individuos y entidades exentas de impuestos estadounidenses de (…) alentar y financiar violencia generalizada, tráfico de armas en el extranjero y delitos de guerra a gran escala con el fin de promover su propio programa político; deshacerse de todos los no judíos en los territorios palestinos ocupados", dice un comunicado de la página web del bufete de abogados Martin McMahon y Asociados, que ha presentado la demanda.
Este caso es el del propósito de individuos y entidades exentas de impuestos estadounidenses de (…) alentar y financiar violencia generalizada, tráfico de armas en el extranjero y delitos de guerra a gran escala con el fin de promover su propio programa político; deshacerse de todos los no judíos en los territorios palestinos ocupados", reza un comunicado de la página web del despacho de abogados Martin McMahon y Asociados.
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— HispanTV (@Hispantv) December 8, 2015
Los demandantes exigen indemnización a Sheldon Adelson, un magnate de los casinos de Las Vegas (EE. UU.); Irving Moskowitz, un filántropo con intereses inmobiliarios en Al-Quds (Jerusalén); y el evangelista John Hagee, además de varias organizaciones benéficas como Amigos Cristianos de las Comunidades Israelíes y otras empresas privadas, entre las que están el fabricante de cosméticos Ahava, asentada en las costas palestinas del mar Muerto, la compañía de seguridad británica G4S y el centro industrial Israel Chemicals Limited.
El comunicado de los abogados también indica que las entidades y personas demandadas pretenden sacar provecho del código tributario de EE. UU. mediante la adopción de importantes "amortizaciones" fiscales ilegales y del silencio sobre ingresos de miles de millones de dólares en contribuciones.
El caso es llevado por el activista Bassem Al-Tamimi, quien también lidera la resistencia popular contra los asentamientos del régimen israelí en la aldea cisjordana de Nabi Saleh.
Más de medio millón de israelíes vive en más de 120 asentamientos ilegales construidos desde la ocupación de los territorios palestinos de Cisjordania y Al-Quds en 1967, durante la Guerra de los Seis Días.
Las colonias israelíes en los territorios palestinos son consideradas "ilegales" por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y un gran número de países, ya que la Convención de Ginebra prohíbe construir en tierras ocupadas.
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