El Instituto para los Derechos y la Democracia de Baréin (BIRD, por sus siglas en inglés), con sede en el Reino Unido, y la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) han denunciado recientemente que las autoridades bareiníes no han brindado atención médica adecuada a los activistas políticos encarcelados.
“Es indignante que las autoridades bareiníes están negando a los presos la atención médica que ellos necesitan urgentemente, poniendo así en algunos casos sus vidas en peligro”, declaró el subdirector de HRW para Oriente Medio, Joe Stork.
Agregó que muchos de los presos “no deberían ser encarcelados en primer lugar” y, por tanto, la negación arbitraria de la atención médica puede equivaler a un castigo extrajudicial.
Como un ejemplo de tales medidas crueles que aplica el régimen de Al Jalifa contra los presos, HRW se refiere al caso del portavoz del Movimiento para la Libertad y la Democracia (Haq), Abduljalil al-Singace, de 57 años, cuyo estado de salud ha empeorado significativamente durante su detención en una prisión.
“Es indignante que las autoridades bareiníes están negando a los presos la atención médica que ellos necesitan urgentemente, poniendo así en algunos casos sus vidas en peligro”, declaró el subdirector de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) para Oriente Medio, Joe Stork.
De acuerdo con la familia de Al-Singace, los funcionarios bareiníes han rechazado las solicitudes de atención médica para el dolor del cuello y espalda del activista, cuyos males son resultados de torturas.
Por otra parte, Hasan Mushaima, líder del Movimiento chií Haq, quien fue sentenciado a cadena perpetua el 22 de junio de 2011 por sus actividades políticas, no ha recibido evaluaciones medicas desde agosto de 2018, después de su huelga de hambre frente a la embajada de Baréin en Londres (capital británico), informó su hijo, Ali Mushaima.
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Los activistas bareiníes denuncian que muchas personas, entre ellas líderes de los grupos de oposición, médicos, profesores, estudiantes y funcionarios, se encuentran en las prisiones, donde son sometidos a torturas.
Amparado y protegido por EE.UU., el régimen de Al Jalifa sigue violando los derechos humanos de los ciudadanos desde 2011. Durante todos estos años, Baréin ha seguido reprimiendo a los manifestantes antigubernamentales, porque las críticas de países y organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se limitan a comunicados y palabras y nunca se convierten en medidas prácticas para salvar a los bareiníes que siguen exigiendo a diario un cambio en el poder.
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