Esta nueva ley presentada en el consejo de ministros remplazaría al estado de emergencia, un régimen de excepción decretado en Francia a raíz de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015.
Este régimen, inicialmente destinado a responder a un peligro inminente, ha sido prorrogado hasta cinco veces. Aunque esta vez el estado de emergencia caduca el próximo 15 de julio, el Macron va a proponer extenderlo hasta el 1 de noviembre, mientras tramita la nueva ley ante el Parlamento.
El Elíseo argumenta que la nueva ley antiterrorista únicamente "establece la base para poner fin al estado de excepción" y permitirá "reservar el régimen de estado de emergencia a circunstancias excepcionales".
La ley "toma en consideración todas las formas de amenazas y notablemente los actos de individuos aislados que hemos podido constatar recientemente (...) necesitamos respuestas inéditas y propias a la lucha contra el terrorismo", dijo el jueves el presidente Macron.
La ley toma en consideración todas las formas de amenazas y notablemente los actos de individuos aislados que hemos podido constatar recientemente (...) necesitamos respuestas inéditas y propias a la lucha contra el terrorismo", dijo el presidente francés, Emmanuel Macron.
El portavoz del Gobierno, Christophe Casaner, explicó que el arsenal jurídico será adaptado “para conseguirnos los medios para poder combatir efectivamente al terrorismo en el marco de la legislación ordinaria”.
No obstante, lo preocupante para muchos defensores de derechos civiles es que algunas medidas excepcionales del estado de emergencia podría volver a ser aplicadas.
De hecho, aunque la legislación ha recibido el visto bueno de la principal jurisdicción administrativa francesa, grupos como Amnistía Internacional (AI) o la Organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), han expresado su inquietud por temor a que se integre al derecho común prerrogativas excepcionales.
Con esta ley, las autoridades podrían vigilar a cualquier persona si existen “motivos serios” para pensar que su comportamiento representa una amenaza “particularmente grave” para la seguridad. Además, impedir la circulación de personas más allá de un “perímetro geográfico determinado” y realizar allanamientos; dos medidas que hasta ahora solo podían llevarse a cabo bajo el estado de emergencia.
En estos momentos, cuando se presenta este proyecto de ley, el primer texto antiterrorista de la presidencia de Macron, existe una amenaza latente en Francia. La cifra de víctimas mortales de los atentados es elevada con 239 casos en los últimos dos años.
El último ataque ocurrió el pasado lunes cuando un terrorista murió después de haber embestido un furgón de la policía con un vehículo cargado de armas y bombonas de gas en los Campos Elíseos, en París, la capital. En los últimos dos meses este supone el tercer ataque terrorista en la capital francesa contra las
fuerzas del orden.
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