El jueves, en un discurso ante la XIX Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunció los actos injerencistas en los asuntos internos de su país, liderados por la representación diplomática estadounidense en Managua (capital nicaragüense), pero que involucran también a la sede española, entre otras.
En respuesta, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, rehusó el viernes tales imputaciones y exigió al mandatario centroamericano “no utilizar excusas” para ocultar las violaciones de los derechos humanos y los ataques a la oposición, en alusión a la detención de opositores políticos nicaragüenses.
La reacción a tales declaraciones no se hizo esperar. El canciller nicaragüense, Denis Moncada, mediante una carta dirigida el sábado a la titular española de Exteriores, la encaró arremetiendo en su contra en duros términos, para luego añadir que comentarios de esa índole rememoran la “desvergüenza de tantos crímenes atroces cometidos por la Corona Española” durante la brutal conquista de Nicaragua.
De igual modo, Moncada enfatiza en el texto que Managua “nunca ha sido súbdito” de España y aprovecha para “denunciar la barbarie y la aniquilación genocida” de los indígenas por parte de los conquistadores españoles.
Managua se ha convertido en objeto de críticas de ciertos países regionales y transregionales, con EE.UU. a la cabeza, por haber arrestado a varios opositores, principalmente bajo la imputación de haber recibido fondos del exterior. Los detenidos están acusados de haber incitado a la injerencia extranjera en los asuntos internos del país y pedido intervenciones militares contra la Administración de Ortega.
Nicaragua tacha cualquier crítica que se haga desde fuera del país de un ataque frontal y una evidencia de las injerencias extranjeras en sus asuntos internos, aseverando que neutralizará tales complots en su contra.
De hecho, el Gobierno del país centroamericano asegura que los detenidos siguen encarcelados por delitos relacionados con el lavado de dinero, y que estaban siendo dirigidos desde EE.UU. para promover un golpe de Estado.
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