La nueva querella presentada el lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Holanda), denunció que Managua mantiene soldados en un sector de la playa de isla Portillos, que, de acuerdo con San José, es territorio costarricense, a la luz de la sentencia del 2015 sobre la supuesta invasión a isla Calero.
"Ellos han instalado un puesto militar en una franja pequeña de ese territorio, pero aun así es territorio costarricense. Hicimos las gestiones diplomáticas en su momento, en los meses anteriores, para que lo retiraran, cosa que no ocurrió. Costa Rica recurre nuevamente a su herramienta de defensa, que es el derecho internacional, con esta nueva solicitud", declaró el canciller costarricense, Manuel González.
Ellos han instalado un puesto militar en una franja pequeña de ese territorio, pero aún así es territorio costarricense. Hicimos las gestiones diplomáticas en su momento, en los meses anteriores, para que lo retiraran, cosa que no ocurrió. Costa Rica recurre nuevamente a su herramienta de defensa, que es el derecho internacional, con esta nueva solicitud", declaró el canciller costarricense, Manuel González.
Por su parte, Managua rechazó, con anterioridad, el reclamo de Costa Rica asegurando que el campamento está en una barra de arena ubicada frente a la laguna Los Portillos (Harbor Head Lagoon, como la llama Nicaragua), que Costa Rica ha reconocido como nicaragüense.
A finales de diciembre de 2016, en una entrevista con La Nación, González dijo que esa laguna es nicaragüense, pero que la isla y su playa son costarricenses.
En su petición, el canciller aseveró que esta situación es fruto de la sentencia del 16 de diciembre de 2015, en la que la CIJ señaló que no se determinaba una delimitación más precisa de la situación fronteriza de ese punto. En este sentido, González pidió a la CIJ que se pronuncie sobre esta barra de arena del territorio costarricense, pues ese aspecto no quedó claro en el fallo del 2015.
Costa Rica solicitó, asimismo, a la CIJ que acumule este caso con los que aun están pendientes respecto a la definición de los límites marítimos entre ambos países.
Además del caso militar, este país pidió al tribunal que se encargue de definir el monto de indemnización que debe pagar Nicaragua tras la sentencia de diciembre del 2015, en la que se determinó que personal nicaragüense provocó daños ambientales en territorio costarricense en octubre del 2010.
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