Los hechos de violencia y las desapariciones forzadas registradas en los últimos meses en contra de defensores de los derechos humanos en México preocupan a activistas, expertos y organizaciones nacionales e internacionales, que buscan desde diferentes ámbitos oportunidades para mejorar los mecanismos para la protección de los defensores.
Recientemente, autoridades agrarias de 13 comunidades del estado de Oaxaca exigieron al gobierno federal y al estatal, medidas de protección y atención urgente para defensores del territorio, una demanda que se repite en diferentes comunidades del país.
El 13 de noviembre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a autoridades de los estados de Baja California, San Luis Potosí, y Sonora, y a la Guardia Nacional, en favor de ocho personas defensoras de derechos humanos que solicitaron su intervención por hechos de violencia y amenazas.
La Secretaría de Gobernación identificó los factores que violentan la vida de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos y entre ellos encontró que servidores públicos municipales son responsables del 43 % de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos en México.
Sara Morales Gallego, Ciudad de México.
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