El Pacto Mundial por la Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas que se firmó el 10 de diciembre no es jurídicamente vinculante, lo que quiere decir que los países que lo aprobaron podrán poner o no en práctica sus principios. Pese a la polémica que ha generado, defensores de derechos humanos y de minorías vulnerables advierten sobre las consecuencias de la falta de compromiso político.
México, Honduras, Guatemala, y El Salvador ya habían firmado un plan de desarrollo integral para acabar con la pobreza en la región el 1 de diciembre. Mientras que Estados Unidos endurece sus políticas migratorias a niveles que vulneran el derecho internacional, según denuncia la Amnistía Internacional (AI).
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, insiste que para contrarrestar la crisis humanitaria y las migraciones forzosas es necesario mejorar la calidad de vida en la región.
Además de pactar con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Triángulo Norte centroamericano —formado por Guatemala, Honduras y El Salvador— inició conversaciones con su homólogo estadounidense Donald Trump sobre políticas conjuntas para la creación de empleos en la región.
México es uno de los más de 160 países que adoptaron el pacto de la ONU, que aboga por los 68 millones de personas desplazadas que hoy hay en todo el mundo, según contabilizan.
Sara Morales Gallego, Ciudad de México.
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