En un mensaje publicado este lunes en su cuenta de Twitter, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Asociación, Clement Voule, ha cargado contra el Gobierno de España por el uso de los programas de espionaje, pidiendo que autoridades deben investigar a fondo las acusaciones sobre Pegasus y Candiru y detener la interferencia ilegal en los derechos fundamentales.
“Los programas de espionaje prolongados y sofisticados pueden llevar a la autocensura, repercutiendo negativamente en los derechos de reunión y participación en la vida pública”, ha escrito al respecto.
Las declaraciones de Voule se producen después de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) instó el 2 de febrero a España a indagar a fondo la presunta utilización del programa de espionaje Pegasus, de la empresa tecnológica israelí NSO Group y el software israelí de espionaje Candiru contra figuras públicas y activistas catalanes tras la campaña de independencia de 2017.
En 2020, fue revelado que los dispositivos de al menos 65 políticos y activistas catalanes, entre ellos legisladores, juristas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, fueron objeto de un programa de espionaje complejo y sofisticado entre 2017 y 2020.
También, fueron atacados los diputados catalanes en el Parlamento Europeo y su entorno, entidades sociales y fuerzas políticas partidarias de la independencia de Cataluña, y los más altos cargos del Gobierno y Parlamento de Cataluña.
¿Cómo funcionaba el software?
El software entraba en los terminales a través de notificaciones y SMS maliciosos, o aprovechando fallos de seguridad de aplicaciones como WhatsApp.
Conforme a los informes, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España es cliente desde 2015 del Grupo NSO, la empresa israelí creadora de Pegasus. En este sentido, España decidió despedir en mayo de 2020 la directora del CNI, Paz Esteban, por varios casos de escándalo de piratería de teléfonos móviles de políticos y opositores.
Según la ONG Amnistía Internacional (AI), esta herramienta del espionaje israelí se emplea bajo excusa de “facilitar la comisión de violaciones de los derechos humanos a gran escala en todo el mundo”.
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