En una entrevista concedida el miércoles a la emisora de radio RAC1, el presidente del gobierno regional de Cataluña, Pere Aragonés, acusó directamente a los servicios de inteligencia españoles del supuesto espionaje masivo a teléfonos móviles de dirigentes independentistas catalanes y vascos, y su entorno, perpetrado con el programa espía israelí Pegasus.
“No hace falta ser Sherlock Holmes para mirar al CNI [Centro Nacional de Inteligencia de España]. Es una evidencia palmaria”, denunció, para luego argumentar que solo lo pueden comprar el programa organizaciones de los Estados.
Asimismo, indicó que hace mucho tiempo han sospechado que eran objetivo de los servicios de inteligencia del Gobierno español. De hecho, aseveró que es “muy difícil” confiar en “un gobierno cuando hay evidencias de que existe un órgano del Estado que está detrás de este espionaje”.
Al criticar “insuficientes” explicaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, el líder de la Generalitat dejó claro que el caso del espionaje con Pegasus “no puede quedar impune” y que “no puede taparse con secretos de estado”.
Las miradas del independentismo rápidamente se volvieron hacia el Gobierno español que depende del apoyo parlamentario de independentistas catalanes y vascos, por lo que Aragonés amenazó que será difícil continuar esta estabilidad parlamentaria si no hay una asunción de responsabilidades.
A su vez, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, negó el martes el caso, subrayando que “este es un país democrático y de derecho, aquí no se espía”.
El lunes, Citizen Lab, un proyecto sobre ciberseguridad de la Universidad canadiense de Toronto, publicó un informe identificando a 65 personas de la órbita independentista atacadas o infectadas entre 2017 y 2020 con el software de espionaje Pegasus de la empresa tecnológica NSO, entre las que se encontraban los últimos cuatro presidentes regionales catalanes.
¿Cómo funciona el software de espionaje israelí Pegasus?
Este programa de NSO Group permite leer mensajes y activar de manera remota la cámara y el micrófono de los teléfonos. Según la Amnistía Internacional (AI), se ha utilizado “para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a escala masiva en todo el mundo” y podría estar vigilando a hasta 50 000 números de teléfono.
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