Secuestro de un libro, censura de obras de arte, varias condenas y juicios contra cantantes por ofensas a la corona y presos y exiliados políticos por el proceso independentista. Parte de la ciudadanía catalana ha dicho basta ante la regresión de derechos fundamentales en España y se ha encadenado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para alzar su voz.
La acción, convocada por los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) coincidiendo con el 37 aniversario del golpe de Estado del 23F, ha vivido momentos de tensión con la policía y ha terminado con 14 detenidos. A pocos metros de allí, la formación política de Puigdemont ha presentado una propuesta parlamentaria para denunciar también la deriva autoritaria del Estado y legitimar la figura del presidente destituido.
El partido independentista catalán Junts per Catalunya (JxCat) ha presentado la resolución en solitario, sin Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, por sus siglas en catalán), con la que mantiene negociaciones complicadas y difíciles para formar Gobierno. Ciutadans, por su parte, principal fuerza del Parlamento ha forzado al Presidente de la cámara a convocar un pleno la semana que viene para evidenciar el bloqueo político en Cataluña y las divergencias entre independentistas.
En este contexto, cada vez más voces en Europa y en el mundo se están levantando contra la limitación creciente de la libertad de expresión y de reunión en todo el territorio español. Los últimos días varios jueces han admitido a trámite querellas contra las cargas policiales del 1-0, distintos eurodiputados han denunciado la situación en el Parlamento comunitario y Amnistía Internacional ha condenado el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante el referéndum y con la prisión de los líderes independentistas.
Oriol Puig, Barcelona.
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