• Una mujer detenida por agentes federales, en Minneapolis, Estados Unidos, 13 de enero de 2026. (Foto: AP)
Publicada: sábado, 31 de enero de 2026 7:21

El ICE puso en marcha un protocolo por el que puede arrestar inmigrantes sin orden judicial previa, lo que autoriza detenciones directas en las calles de EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) activó el viernes un protocolo que permite realizar arrestos masivos de personas indocumentadas sin necesidad de una orden judicial previa, según un memorando interno obtenido por medios estadounidenses.

De acuerdo con The New York Times, la medida, que entra en vigor de inmediato, los oficiales ahora tienen autoridad legal para detener directamente a personas en las calles con base en una ley federal específica, sin requerir la supervisión de un juez penal.

La norma también establece que, si existe un riesgo de fuga inminente, el agente puede proceder al arresto mientras espera la emisión de los documentos oficiales.

El cambio amplía la capacidad de los agentes de ICE de nivel inferior para llevar a cabo redadas para detener a personas que encuentran y sospechan que son inmigrantes sin estatus legal, en lugar de operaciones de cumplimiento específicas en las que se proponen, con orden judicial en mano, arrestar a una persona específica.

 

La decisión se produce en medio de una escalada de tensiones en Minnesota y en otras partes de Estados Unidos, donde las operaciones ampliadas de ICE han generado protestas masivas tras varios incidentes violentos durante redadas migratorias.

En Minneapolis, por ejemplo, la presencia de agentes federales ha provocado enfrentamientos constantes con activistas y residentes, incluidos tiroteos mortales atribuidos a agentes de ICE que han intensificado las críticas a la política de control migratorio del gobierno federal.

Las organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han expresado alarma por el criterio discrecional y la eliminación de barreras judiciales, advirtiendo que la medida podría aumentar las detenciones arbitrarias y socavar las protecciones constitucionales contra registros y aprehensiones sin causa probable.

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