En su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2026, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump recomendó recortar el financiamiento para el programa de cámaras corporales de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en aproximadamente un 75 %, de alrededor de 20,5 millones de dólares a 5,5 millones de dólares, tras la intensificación de leyes migratorias que ha provocado protestas e incidentes fatales.
Se planea mantener las 4200 cámaras actuales, pero reducir el personal de apoyo de 22 a tres, describiendo el enfoque como más “simplificado”, pero que mina la capacidad de investigar quejas y posibles abusos en agencias migratorias.
El programa, lanzado como piloto en 2024 en cinco ciudades, incluidas Baltimore y Filadelfia, tenía como objetivo equipar a los oficiales con cámaras corporales (“body-worn cameras”) que proporcionan evidencia en vídeo que puede corroborar o cuestionar los relatos oficiales de incidentes de uso de la fuerza.
Sin embargo, la Administración Trump ha comenzado a intensificar la aplicación de medidas migratorias este año posteriormente de que los republicanos en el Congreso aprobaran un plan de ley el año pasado que proporciona 170 000 millones de dólares para la represión.
En Mineápolis, dos tiroteos fatales contra ciudadanos estadounidenses, la manifestante Renee Good y la enfermera de UCI Alex Pretti, han alimentado la indignación.
Los videos de los transeúntes contradicen las afirmaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), de que los individuos provocaron los encuentros.
Personalidades de la administración etiquetaron a Pretti como “terrorista doméstico” poco después de su muerte.
Una portavoz de la Casa Blanca elogió a los oficiales de ICE como “heroicos” y criticó a los detractores por supuestamente ayudar a los criminales.
Por otra parte, a principios de 2025, casi 300 funcionarios de supervisión de tres oficinas de control del DHS fueron puestos en licencia remunerada, lo que paralizó las investigaciones de abusos.
La Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes, por ejemplo, se redujo de más de 100 empleados a unos pocos, y las quejas se desplomaron.
El proyecto de ley de gastos aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó todos los recortes propuestos y proporcionó 20 millones de dólares para cámaras en ICE y CBP (agencia Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection)) sin requerir su despliegue. Queda por ver la reacción del Senado.
Entretanto, los defensores de los derechos civiles argumentan que estas acciones socavan la transparencia durante las operaciones intensificadas.
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