El abogado Elmer Montaña, quien está encargado de la defensa de los manifestantes, ha declarado este jueves a la agencia rusa de noticias Sputnik, que “la fiscalía dio un paso importante ayer [1 de diciembre] al imputar a dos altos oficiales de la Policía de Cali de la violación de derechos humanos por los asesinatos cometidos por parte de la Fuerza Pública en contra de manifestantes, pero no pidió medida de aseguramiento (prisión), por lo cual la vamos a solicitar”.
Esta misma jornada, la Fiscalía colombiana ha anunciado que imputará a Andrés Escobar, un civil que disparó contra manifestantes durante las violentas protestas de la ciudad de Cali, la capital de la provincia de Valle del Cauca (suroeste de Colombia), en mayo pasado, por usurpación de funciones públicas, entre otros delitos.
En mayo, se registró un ataque en Cali contra la minga indígena que fue asignado a civiles armados que dispararon “en presencia y con aquiescencia y tolerancia de agentes de la Policía Nacional” y lesionaron a la defensora de derechos humanos Daniela Soto y otras 10 personas, según denunció entonces la oenegé Amnistía Internacional (AI).
Por otra parte, la Fiscalía presentó ante un juez de garantías cargos contra dos oficiales y un patrullero de la Policía que estarían involucrados en algunos homicidios y lesiones personales en Cali.
El 28 de abril se convocó una manifestación, inicialmente en rechazo a la reforma tributaria radicada por el Gobierno de Duque, que se extendió hasta convertirse en un paro nacional sin precedentes en la historia por su duración de dos meses continuos con protestas en diferentes ciudades del país que, según organizaciones de derechos humanos, han dejado más de 70 personas muertos, en su mayoría por brutalidad policial.
La ciudad de Cali, fue escenario de la severa escalda de violencia, en la que se han producido el mayor número de muertes.
Pese a que las autoridades minimizaron los abusos policiales y ofrecieron promesas de justicia en estos casos, Human Rights Watch (HRW) documentó en julio que la Policía sería responsable de al menos 20 muertes de manifestantes, mientras que varios asesinatos de participantes en las protestas fueron ejecutados por “personas armadas vestidas de civil”, una situación que generó sospechas sobre la probable presencia de grupos paramilitares que actuaron con aval de las autoridades.
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