“En el 2017 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales por abuso de autoridad, intolerancia social y persecución política por agentes directos o indirectos del Estado se incrementaron en comparación con el año 2016 en un 20 %, pasando de 115 víctimas a 138 en el 2017”, ha informado un reporte, publicado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).
El estudio, acusa a los grupos paramilitares como los principales responsables de estos actos. “Usaron la amenaza como método de victimización con 609 casos”, anuncia.
De este modo, el CINEP destaca que el fenómeno paramilitar sigue impotente en Colombia y sólo ha cambiado su naturaleza, siendo nombrado de otra forma, pues la violencia no se ha reducido sino que han variado los métodos con que se ejerce.
Asimismo, la responsabilidad en estos hechos recae también en agentes de la Policía de Colombia, de acuerdo con la información revelada. “Implementaron actos represivos, en especial por medio del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía colombiana)”, añade el informe.
A este respecto, el centro de investigación da a conocer que agentes de la policía fueron responsables de un total de 540 victimizaciones, entre ellos 31 ejecuciones extrajudiciales y 134 detenciones arbitrarias.
En el 2017 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales por abuso de autoridad, intolerancia social y persecución política por agentes directos o indirectos del Estado se incrementaron en comparación con el año 2016 en un 20 %, pasando de 115 víctimas a 138 en el 2017”, ha informado un reporte, publicado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).
A su vez, las victimizaciones por parte del Ejército de Colombia totalizaron 141 en 2017, lo que representa un aumento de 22 % en comparación con el año 2016.
Además, según el último informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en 2017 el Ejército y la Policía de Colombia habrían cometido al menos 11 asesinatos de civiles que luego fueron reportados como enfrentamientos u operativos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca, además, la importancia de que el Estado garantice el fortalecimiento de las instituciones civil en zonas rurales para evitar la intervención no justificada de las Fuerzas Militares.
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